A toda la matrícula de la APPU. 

Como saben, nuestra Asociación es parte de la  Coalición en  Defensa de la Educación Pública Superior, alianza de organizaciones representativas de los sectores de la comunidad universitaria empleados no docentes, docentes y estudiantes.  Según expresamos públicamente en conferencia de prensa realizada durante la mañana de hoy, tanto la HEEND como la APPU apoyaremos el paro decretado por la Asamblea de Estudiantes del Recinto de Río Piedras para los días 21 y 22 de abril.

A los docentes de la APPU en Río Piedras les exhortamos a darse cita desde temprano en la mañana frente al portón del Museo, identificados con sus camisetas de la APPU o una camiseta color vino.  

A los capítulos APPU en otras unidades del Sistema y a la matrícula APPU en general, les exhortamos a utilizar sus camisetas APPU o camisetas color vino en solidaridad con el paro de Río Piedras.

Aquellos docentes que se encuentren en el área metropolitana, los instamos a movilizarse al mediodía al recinto de Río Piedras en señal de apoyo.

La APPU insiste en la Política de No Confrontación y en que la administración universitaria active a la Junta Coordinadora de Seguridad. A los investigadores y docentes que brindan servicios de clínicas, les exhortamos a mantenerse informados de los portones de acceso en donde compañeros de la APPU estarán con la Junta Coordinadora de Seguridad para garantizar la entrada. Les exhortamos a mantener el diálogo y a juntos velar por la seguridad de todos.

COMUNICADO DE PRENSA  
Coalición  en Defensa de la Educación Pública Superior
martes, 20 abril 2010 - San Juan, Puerto Rico

La Coalición ha denunciado la crisis fiscal provocada por el Gobernador y la Legislatura al reducir la asignación presupuestaria a la UPR. Mientras esto ocurre, la Junta de Síndicos y el Presidente de la UPR no han defendido ante la Legislatura y el Gobernador el presupuesto que necesita la UPR para operar con la calidad académica acostumbrada.

Los sectores representados en la Coalición desmentimos las alegaciones de las autoridades universitarias, el gobierno y la policía de que las manifestaciones en el Recinto de Río Piedras las llevan a cabo un grupo pequeño de universitarios "problemáticos y gritones" que persigue desestabilizar la institución e irrumpir las labores docentes y no docentes. Al contrario, de lo que realmente se trata es de una comunidad universitaria comprometida con el bienestar de este Primer Centro Docente y que defiende su autonomía, el derecho de todos los puertorriqueños a una educación universitaria pública y el acceso al ofrecimiento de labores académicas e investigativas de calidad.
Es importante destacar que, el mecanismo del paro convocado por los estudiantes es uno para adelantar las luchas porque está claro que, las medidas unilaterales tomadas por la Junta de Síndicos cierran toda posibilidad de diálogo y a estas alturas, el reclamo mayor es que las autoridades universitarias se sienten a dialogar con la comunidad universitaria para lograr acuerdos que atiendan la presente crisis y afloren mecanismos de comunicación efectiva para atender situaciones subsiguientes.

La convergencia de los universitarios representados por esta Coalición es que sabemos que el retiro del apoyo gubernamental a la Universidad Pública y su implantación por parte de la administración universitaria, produce el empobrecimiento en la oferta académica, atenta contra la calidad de enseñanza y pone en riesgo el propósito primordial de la UPR que es la de ser la Universidad del Estado. Esta nueva política gubernamental expuesta en el Plan de Reorganización pretende alterar la relación del Gobierno de PR con su universidad, para convertirla no en la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, sino una mera UNIVERSIDAD EN PUERTO RICO.

Asimismo, denunciamos que la administración universitaria finja un espacio para el diálogo después de haber aplicado el garrote implementando políticas que privan a la comunidad universitaria y al país de sus derechos. Eso no es un diálogo, sino un llamado a la confrontación que hemos rechazado siempre los universitarios. Esta Coalición solicita a la Junta de Síndicos y al Presidente de la UPR que demanden a la Legislatura y al Gobernador que re-establezcan a la UPR los fondos de partidas especiales que nutrían al Fondo General y que se excluyeron con la Ley de Incentivos Industriales y la Ley Núm. 7.

Esta Coalición reafirma la grandeza de ser universitarios capaces de defender el derecho de los hijos de este pueblo a tener acceso a la educación pública superior y aportar así al desarrollo y progreso social, cultural, económico y científico en Puerto Rico. Como decía Luis Rafael Sánchez, el denominador común que nos define y nos encumbra en la UNIVERSIDAD. Exhortamos a la prensa a no servir al propósito de de criminalizar al sector estudiantil e instamos a los trabajadores universitarios jubilados y al pueblo en general a apoyar esta lucha en defensa de la más exitosa universidad de Puerto Rico: la UPR.

Contactos:
Wilberto Jiménez Rivera, Presidente HEEND
María Gisela Rosado, Presidenta APPU
Giovanni Roberto, Representante sector estudiantil

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), es la principal organización que agrupa los docentes del Sistema de la UPR. En el día de hoy hemos comparecido ante dos comisiones que se encuentran considerando proyectos que impactan de forma directa el futuro de la Universidad de Puerto Rico y de la educación pública superior. Expresamos nuestra alarma y  preocupaciones en la ponencia presentada a la Comisión de Gobierno del Senado que evalúa el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010. También hemos comparecido ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que  evalúa la Resolución 205 sobre la fórmula de la UPR.

La situación que enfrenta la UPR es muy grave, el déficit presupuestario creado por la Ley de Incentivos Industriales y la Ley 7, ha minado significativamente las partidas especiales del Fondo General que alimentan la fórmula por la que se asignan fondos a la institución. Como consecuencia de esta reducción presupuestaria se afectan directamente los ofrecimientos y servicios a los estudiantes, así como las condiciones laborales de los docentes. Además de este escenario, no podemos pasar por alto la intervención directa de las instituciones privadas, a través de medidas ejecutivas como el Plan de Reorganización Núm. 2, imponiendo sus intereses en la política pública gubernamental, y tratando de alejarla de su responsabilidad para proveer la educación de más alta calidad al pueblo de Puerto Rico.

Para la APPU, el objetivo fundamental de este Plan originado por la Rama Ejecutiva, es beneficiar a las instituciones educativas privadas. Evidenciado así, en la declaración de política pública en la que se afirma que el poder regulador será ejercido de forma tal que propicie la dinámica del desarrollo de las instituciones privadas de nivel preescolar, primarias, secundarias, académicas, vocacionales, técnicas y de altas destrezas, incluyendo las universitarias. Si bien es cierto que el Estado debe asegurarse que las necesidades educativas de la población sean plenamente satisfechas, no es parte de su función propiciar el desarrollo de las instituciones privadas. Insistimos en que la responsabilidad del Estado es la de proveer educación de la más alta calidad, al costo más bajo al estudiante, según se desprende de la Ley #2 de 1966.

Estamos frente a la desregulación de la educación superior, incluso los procesos de licenciamiento establecidos por este Plan, benefician a las instituciones educativas privadas toda vez que el Consejo no podrá imponerle a éstas una determinación reglamentaria relacionada con asuntos académicos, estudiantiles, administrativos o fiscales.
Si el propósito es beneficiar al sector privado educativo, aún a costas del creciente deterioro de la calidad educativa, dicho propósito está bien servido por este Plan. Esta gestión atenta contra el bien público de la educación al reducir las garantías de calidad y accesibilidad a la educación, en un momento en que Puerto Rico necesita fortalecer, su educación superior.

En cuanto a la Resolución 205 que busca estudiar la fórmula de la UPR, la APPU ha sido enfática en la necesidad y responsabilidad de la gerencia universitaria de administrar los fondos públicos de manera transparente y efectiva. Hemos insistido en la necesidad de que la gerencia reevalúe las prioridades institucionales a la luz de las necesidades de la base, que los fondos institucionales estén en el proceso de enseñanza aprendizaje, en las áreas de servicio a los estudiantes, en la investigación y la docencia. Insistimos que esta Legislatura debe comprometerse no a reducir la fórmula, sino al contrario a fortalecer a la UPR y a visualizarla como la institución medular para la transformación económica y social del país.

Es necesario que se mantenga y en lo posible se aumenta la fórmula que establece la cantidad de recursos provenientes del pueblo de Puerto Rico. Es vital que esta Legislatura se comprometa con  la asignación de recursos adicionales, se le devuelvan y adjudiquen a la fórmula de la UPR los ingresos de las partidas especiales que fueron excluidos por la Ley de Incentivos y la Ley 7.  Es imprescindible que el Gobierno se comprometa todavía más con su universidad pública, contrario a “reevaluar esta relación”, según plantea el Modelo Estratégico para una Nueva Economía, presentado por el Gobernador Luis Fortuño en septiembre de 2009. 

Hacemos un llamado en primera instancia al pueblo de Puerto Rico a defender a la UPR, y al proyecto de país que se forma en sus aulas, a no permitir que intereses privados enajenados del bien común, le arrebaten a la clase media y pobre la posibilidad de acceder a una educación pública superior de calidad. Exhortamos a los docentes del Sistema de la UPR y a la comunidad universitaria a mantenerse firmes en la defensa de la educación pública superior y de la Universidad de Puerto Rico.
Contacto de prensa: Prof. María Gisela Rosado, Presidenta APPU

Ponencia de la APPU R de la C 205 | Ponencia APPU Plan Reorganizacion Num. 2 17 de marzo 2010

Certificación Junta Síndicos Núm. 98 (2009-10)

Queremos conocer tu opinión en torno a esta nueva medida.

La Junta de Síndicos de la UPR ha declarado una moratoria en la concesión de nuevas exenciones de matrícula, excepto aquellas que este cuerpo reconozca y otorgue mediante Certificación. Esta certificación dispone entre otros puntos que:
No más tarde del 31 de marzo la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y de Asuntos Estudiantiles, en consulta con Rectores y con el endoso del Presidente, sometan a la Junta de Síndicos una Propuesta que identifique y justifique las exenciones a continuar en efecto el año académico 2010-11.La Propuesta debe establecer claramente los requisitos y criterios uniformes para otorgarlas y mantenerlas.
Se emitirá una nueva Política de Exenciones de Matrícula de la UPR con efecto al año académico 2010-11, que atemperará aquellas ya reconocidas por este cuerpo y reconocerá aquellas actualmente no reconocidas que obtengan su aprobación.
Estas disposiciones no aplicarán a las exenciones concedidas por virtud de las leyes de PR o de los E.U.

Efectivo a la fecha en que se emite esta Certificación (24 febrero 2010), queda sin efecto cualquier otra certificación, norma, procedimiento, circular o disposición que esté en contravención con lo aquí dispuesto.

Docente de la UPR…
¿Qué opinas de las propuestas en torno a Educación contenidas en el documento Recomendaciones para promover una verdadera reforma en las Operaciones del Gobierno de P R que propicie un desarrollo económico sostenido para la Isla presentado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) ?

Propuestas en torno a la Educación
* limitar las operaciones del Consejo General de Educación y del Consejo de Educación Superior al otorgamiento de licencias
* limitar la función del Departamento de Educación a la certificación de maestros y el establecimiento de currículos.
* pasar la administración y funcionamiento de las escuelas a los consorcios municipales a través de una junta compuesta por miembros del sector privado y funcionarios electos locales.
* convertir cada recinto de la UPR en una universidad independiente.
*sustituir el sistema universitario público por un subsidio a la educación universitaria en general.

Durante el día de ayer, martes 27 de mayo, una nutrida representación de la Junta Directiva de la APPU asistió a la vista de presentación del Presupuesto de la UPR 2008-2009. Como se ha reseñado el Presidente de la UPR presentó un aumento de $66.7 millones con el “fin de elevar la calidad académica y transformar el sistema universitario”. Lamentablemente, el Lcdo. García Padilla con su enorme grupo de asesores y ayudantes especiales, no pudo contestar de forma satisfactoria muchas de las preguntas que le realizaron entre otros los representantes Ángel Pérez, Presidente de la Comisión y García San Inocencio.

Juzgue usted:

Ante el escenario de incertidumbre que abre la nueva Ley de Incentivos Industriales y la medida impulsada por la administración de turno de Privatizar la Lotería de Puerto Rico, el Presidente aceptó que su grupo de asesores no ha evaluado o “calibrado” el posible impacto de estas medidas en el Presupuesto de la UPR, ni han tomado una posición oficial. Según quedó establecido en la vista, ambas medidas impactarán directamente los recaudos del Gobierno de Puerto Rico y por tanto podría mermar la base de cómputo de la fórmula de la UPR y según el propio García Padilla, “irán a la base de la universidad”.

Además de estas medidas que impactarán negativamente los ingresos de la UPR, quedaron de relieve varios temas que son de interés y de preocupación de los representantes:

• La deuda interagencial con la UPR asciende a $170 millones

  al 30 de junio y la Universidad no hace gestiones de cobro, ni planes de pago mediante OGP. De hecho esta partida en lugar de reflejar una disminución en comparación con años anteriores, ha aumentado dramáticamente.

• La relación UPR con DUI – Plaza Universitaria.

  Se resalta que no solamente la UPR paga por el alquiler de las facilidades que ocupa, sino que subvenciona los espacios que se encuentran desocupados. A preguntas de los representantes sobre la cantidad específica, la respuesta imprecisa del Presidente: “centenares de miles de dólares”.

• Recursos económicos destinados a las Bibliotecas del Sistema UPR

  para las humanidades, ciencias sociales y otras de las áreas que no responden a la categoría de áreas puntas, el Presidente no pudo precisar la partida de gastos para este propósito y acordó someter la información a la comisión. Tenemos conocimiento de que en el caso de Río Piedras, el presupuesto para materiales y recursos del Sistema de Bibliotecas es el mismo hace 10 años.

• Trato diferenciado de la UPR a docentes en contrato de servicio.

  Es necesario destacar que por primera vez en la defensa de Presupuesto de la UPR se trae a la consideración los beneficios y recursos que la UPR destina para atender las necesidades de este sector. En este sentido se reconoce la responsabilidad institucional de mantener en condiciones de desventaja a este grupo de los docentes. Nos complace saber que el trabajo que la APPU ha estado realizando desde el 2005, así como las dos comparecencias que hemos tenido ante las comisiones que estudian la R de la C 5939 ha traído a la luz pública este grave problema.

Aunque consistentemente el Presidente de la UPR ha señalado que esto no es una política institucional, en esta vista defendió la necesidad de este tipo de contratación aludiendo a que estos docentes no interesan una plaza y a que no es inusual la naturaleza de esta relación contractual, ya que alegadamente en las universidades estadounidenses hay entre un 28 a un 48% de docentes “sin tenure” o plaza. Obviamente el Presidente omite que en esas mismas universidades hay negociaciones colectivas que otorga beneficios laborales a este sector.

El representante García San Inocencio, miembro de las comisiones que estudian la R de la C 5939 emplazó directamente al Presidente e informó a los Rectores y ayudantes especiales que el cuerpo legislativo estará muy atento y vigilante ante la práctica administrativa de reducir la carga académica de completa a parcial para no extender el plan médico a los contratos a tiempo completo. Exhortó al Presidente a hacer justicia a este sector, ya que con la prueba y testimonios desgarradores que han desfilado ante las comisiones, están próximos a impulsar medidas por vía legislativa para este sector. Ambos representantes, Jorge Aponte y García San Inocencio, expresaron su indignación ante el hecho de mantener a los profesores en este tipo de contratación, cuando rinden tan excelente servicio al país por 5, 10 y hasta 15 años, a lo que el Presidente añadió “y hasta 35 años”…
Esta comisión ordenó a la Presidencia radicar en los próximos 5 días, una detallada lista de documentos sobre los temas antes descritos, previo a la aprobación del Presupuesto que entrará en vigor el 1ro de julio de 2008.

Los principales asuntos de discusión en esta vista, responden al trabajo consistente que la APPU realiza en los diversos foros universitarios, públicos y legislativos en Defensa de los Docentes, tanto permanentes, retirados y en contrato de servicio. Nos preocupa enormemente el impacto que la recién aprobada Ley de Incentivos Industriales y la propuesta de privatización de la Lotería, tengan en los recursos económicos de la UPR y por tanto sobre la comunidad docente. Exhortamos a todos(as) a estar alertas, es momento de fortalecer la participación de los docentes en los trabajos de la APPU.