¿Qué es el Plan Médico Único?
El Plan Médico Único de la UPR agrupa a más de 4,000 empleados afiliados tanto docentes como no docentes. Cada tres años un Comité representativo de los grupos docentes y no docentes, negocian con la administración universitaria el tipo de cubierta y el costo que asumirá la Universidad. De esta negociación emerge el contrato con el proveedor de servicios médicos que tiene una duración de tres años.

El Plan Médico Único de la UPR se logró mediante la negociación colectiva de la HEEND en el 1985. Esta medida, fue avalada por el sector docente y la comunidad universitaria a través de un referéndum que obligó a la administración universitaria a establecer lo que hoy día conocemos como el Plan Médico Único. En el primer año de implantación del plan único la UPR tuvo una economía de $9.7 millones. Por los últimos 25 años el concepto del Plan Médico Único ha permitido que los empleados no docentes y docentes tengan el mejor plan al menor costo posible.

La propuesta de la Administración
La administración universitaria ha informado al Comité Negociador de la HEEND, que efectivo el 1ro. de enero de 2011 se eliminará el Plan Médico Único a los empleados universitarios.

La administración universitaria sólo ofrecerá un plan médico básico (Plan Médico Enero 2011), con una aportación patronal máxima de $500.00 por mes al empleado. Cada empleado tendrá la opción de acogerse a otro plan según la oferta del mercado y su capacidad económica. El modelo propuesto por la Administración establece limitaciones y altera de forma significativa los deducibles, copagos e incluso establece un tope en gastos de farmacia. Además esta propuesta implica que la Administración cede su responsabilidad de representar a sus empleados ante las aseguradoras.

APPU cierra filas con la HEEND en la defensa del Plan Médico Único
La APPU ha llegado a un acuerdo con la HEEND y otros sectores sindicales de la UPR para actuar de forma conjunta en la defensa del Plan Médico Único. Este modelo fue una conquista laboral de todos los sectores universitarios y no lo renunciaremos. Además, la crisis fiscal y las medidas cautelares impuestas por la administración universitaria desde enero de 2009 han afectado nuestros derechos y el sector docente ha sido uno de los más golpeados por estas medidas.

Exhortamos a toda nuestra matrícula y al sector docente en general a mantenerse combativos y dispuestos a defender nuestro Plan Médico Único. Próximamente daremos más detalles del acuerdo entre la APPU y la HEEND.

Para obtener copia de este documento, acceda aquí.

Compartimos con toda nuestra matrícula el documento de la APPU dirigido a la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). Tres copias del documento fueron entregadas a la mano por la Presidenta de la APPU, Prof. María G. Rosado y por la Prof. Luz M. Tirado, miembro de la Junta Directiva, a la Vice-Presidenta de Asuntos Académicos, Ibis Aponte, quien se comprometió a entregarlas a la MSCHE. Estaremos remitiendo copia del mismo por correo certificado a la MSCHE.

Para obtener copia de este documento, acceda aquí.

A toda la matrícula de la APPU. 

Como saben, nuestra Asociación es parte de la  Coalición en  Defensa de la Educación Pública Superior, alianza de organizaciones representativas de los sectores de la comunidad universitaria empleados no docentes, docentes y estudiantes.  Según expresamos públicamente en conferencia de prensa realizada durante la mañana de hoy, tanto la HEEND como la APPU apoyaremos el paro decretado por la Asamblea de Estudiantes del Recinto de Río Piedras para los días 21 y 22 de abril.

A los docentes de la APPU en Río Piedras les exhortamos a darse cita desde temprano en la mañana frente al portón del Museo, identificados con sus camisetas de la APPU o una camiseta color vino.  

A los capítulos APPU en otras unidades del Sistema y a la matrícula APPU en general, les exhortamos a utilizar sus camisetas APPU o camisetas color vino en solidaridad con el paro de Río Piedras.

Aquellos docentes que se encuentren en el área metropolitana, los instamos a movilizarse al mediodía al recinto de Río Piedras en señal de apoyo.

La APPU insiste en la Política de No Confrontación y en que la administración universitaria active a la Junta Coordinadora de Seguridad. A los investigadores y docentes que brindan servicios de clínicas, les exhortamos a mantenerse informados de los portones de acceso en donde compañeros de la APPU estarán con la Junta Coordinadora de Seguridad para garantizar la entrada. Les exhortamos a mantener el diálogo y a juntos velar por la seguridad de todos.

COMUNICADO DE PRENSA  
Coalición  en Defensa de la Educación Pública Superior
martes, 20 abril 2010 - San Juan, Puerto Rico

La Coalición ha denunciado la crisis fiscal provocada por el Gobernador y la Legislatura al reducir la asignación presupuestaria a la UPR. Mientras esto ocurre, la Junta de Síndicos y el Presidente de la UPR no han defendido ante la Legislatura y el Gobernador el presupuesto que necesita la UPR para operar con la calidad académica acostumbrada.

Los sectores representados en la Coalición desmentimos las alegaciones de las autoridades universitarias, el gobierno y la policía de que las manifestaciones en el Recinto de Río Piedras las llevan a cabo un grupo pequeño de universitarios "problemáticos y gritones" que persigue desestabilizar la institución e irrumpir las labores docentes y no docentes. Al contrario, de lo que realmente se trata es de una comunidad universitaria comprometida con el bienestar de este Primer Centro Docente y que defiende su autonomía, el derecho de todos los puertorriqueños a una educación universitaria pública y el acceso al ofrecimiento de labores académicas e investigativas de calidad.
Es importante destacar que, el mecanismo del paro convocado por los estudiantes es uno para adelantar las luchas porque está claro que, las medidas unilaterales tomadas por la Junta de Síndicos cierran toda posibilidad de diálogo y a estas alturas, el reclamo mayor es que las autoridades universitarias se sienten a dialogar con la comunidad universitaria para lograr acuerdos que atiendan la presente crisis y afloren mecanismos de comunicación efectiva para atender situaciones subsiguientes.

La convergencia de los universitarios representados por esta Coalición es que sabemos que el retiro del apoyo gubernamental a la Universidad Pública y su implantación por parte de la administración universitaria, produce el empobrecimiento en la oferta académica, atenta contra la calidad de enseñanza y pone en riesgo el propósito primordial de la UPR que es la de ser la Universidad del Estado. Esta nueva política gubernamental expuesta en el Plan de Reorganización pretende alterar la relación del Gobierno de PR con su universidad, para convertirla no en la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, sino una mera UNIVERSIDAD EN PUERTO RICO.

Asimismo, denunciamos que la administración universitaria finja un espacio para el diálogo después de haber aplicado el garrote implementando políticas que privan a la comunidad universitaria y al país de sus derechos. Eso no es un diálogo, sino un llamado a la confrontación que hemos rechazado siempre los universitarios. Esta Coalición solicita a la Junta de Síndicos y al Presidente de la UPR que demanden a la Legislatura y al Gobernador que re-establezcan a la UPR los fondos de partidas especiales que nutrían al Fondo General y que se excluyeron con la Ley de Incentivos Industriales y la Ley Núm. 7.

Esta Coalición reafirma la grandeza de ser universitarios capaces de defender el derecho de los hijos de este pueblo a tener acceso a la educación pública superior y aportar así al desarrollo y progreso social, cultural, económico y científico en Puerto Rico. Como decía Luis Rafael Sánchez, el denominador común que nos define y nos encumbra en la UNIVERSIDAD. Exhortamos a la prensa a no servir al propósito de de criminalizar al sector estudiantil e instamos a los trabajadores universitarios jubilados y al pueblo en general a apoyar esta lucha en defensa de la más exitosa universidad de Puerto Rico: la UPR.

Contactos:
Wilberto Jiménez Rivera, Presidente HEEND
María Gisela Rosado, Presidenta APPU
Giovanni Roberto, Representante sector estudiantil

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), es la principal organización que agrupa los docentes del Sistema de la UPR. En el día de hoy hemos comparecido ante dos comisiones que se encuentran considerando proyectos que impactan de forma directa el futuro de la Universidad de Puerto Rico y de la educación pública superior. Expresamos nuestra alarma y  preocupaciones en la ponencia presentada a la Comisión de Gobierno del Senado que evalúa el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010. También hemos comparecido ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que  evalúa la Resolución 205 sobre la fórmula de la UPR.

La situación que enfrenta la UPR es muy grave, el déficit presupuestario creado por la Ley de Incentivos Industriales y la Ley 7, ha minado significativamente las partidas especiales del Fondo General que alimentan la fórmula por la que se asignan fondos a la institución. Como consecuencia de esta reducción presupuestaria se afectan directamente los ofrecimientos y servicios a los estudiantes, así como las condiciones laborales de los docentes. Además de este escenario, no podemos pasar por alto la intervención directa de las instituciones privadas, a través de medidas ejecutivas como el Plan de Reorganización Núm. 2, imponiendo sus intereses en la política pública gubernamental, y tratando de alejarla de su responsabilidad para proveer la educación de más alta calidad al pueblo de Puerto Rico.

Para la APPU, el objetivo fundamental de este Plan originado por la Rama Ejecutiva, es beneficiar a las instituciones educativas privadas. Evidenciado así, en la declaración de política pública en la que se afirma que el poder regulador será ejercido de forma tal que propicie la dinámica del desarrollo de las instituciones privadas de nivel preescolar, primarias, secundarias, académicas, vocacionales, técnicas y de altas destrezas, incluyendo las universitarias. Si bien es cierto que el Estado debe asegurarse que las necesidades educativas de la población sean plenamente satisfechas, no es parte de su función propiciar el desarrollo de las instituciones privadas. Insistimos en que la responsabilidad del Estado es la de proveer educación de la más alta calidad, al costo más bajo al estudiante, según se desprende de la Ley #2 de 1966.

Estamos frente a la desregulación de la educación superior, incluso los procesos de licenciamiento establecidos por este Plan, benefician a las instituciones educativas privadas toda vez que el Consejo no podrá imponerle a éstas una determinación reglamentaria relacionada con asuntos académicos, estudiantiles, administrativos o fiscales.
Si el propósito es beneficiar al sector privado educativo, aún a costas del creciente deterioro de la calidad educativa, dicho propósito está bien servido por este Plan. Esta gestión atenta contra el bien público de la educación al reducir las garantías de calidad y accesibilidad a la educación, en un momento en que Puerto Rico necesita fortalecer, su educación superior.

En cuanto a la Resolución 205 que busca estudiar la fórmula de la UPR, la APPU ha sido enfática en la necesidad y responsabilidad de la gerencia universitaria de administrar los fondos públicos de manera transparente y efectiva. Hemos insistido en la necesidad de que la gerencia reevalúe las prioridades institucionales a la luz de las necesidades de la base, que los fondos institucionales estén en el proceso de enseñanza aprendizaje, en las áreas de servicio a los estudiantes, en la investigación y la docencia. Insistimos que esta Legislatura debe comprometerse no a reducir la fórmula, sino al contrario a fortalecer a la UPR y a visualizarla como la institución medular para la transformación económica y social del país.

Es necesario que se mantenga y en lo posible se aumenta la fórmula que establece la cantidad de recursos provenientes del pueblo de Puerto Rico. Es vital que esta Legislatura se comprometa con  la asignación de recursos adicionales, se le devuelvan y adjudiquen a la fórmula de la UPR los ingresos de las partidas especiales que fueron excluidos por la Ley de Incentivos y la Ley 7.  Es imprescindible que el Gobierno se comprometa todavía más con su universidad pública, contrario a “reevaluar esta relación”, según plantea el Modelo Estratégico para una Nueva Economía, presentado por el Gobernador Luis Fortuño en septiembre de 2009. 

Hacemos un llamado en primera instancia al pueblo de Puerto Rico a defender a la UPR, y al proyecto de país que se forma en sus aulas, a no permitir que intereses privados enajenados del bien común, le arrebaten a la clase media y pobre la posibilidad de acceder a una educación pública superior de calidad. Exhortamos a los docentes del Sistema de la UPR y a la comunidad universitaria a mantenerse firmes en la defensa de la educación pública superior y de la Universidad de Puerto Rico.
Contacto de prensa: Prof. María Gisela Rosado, Presidenta APPU

Ponencia de la APPU R de la C 205 | Ponencia APPU Plan Reorganizacion Num. 2 17 de marzo 2010

Certificación Junta Síndicos Núm. 98 (2009-10)

Queremos conocer tu opinión en torno a esta nueva medida.

La Junta de Síndicos de la UPR ha declarado una moratoria en la concesión de nuevas exenciones de matrícula, excepto aquellas que este cuerpo reconozca y otorgue mediante Certificación. Esta certificación dispone entre otros puntos que:
No más tarde del 31 de marzo la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y de Asuntos Estudiantiles, en consulta con Rectores y con el endoso del Presidente, sometan a la Junta de Síndicos una Propuesta que identifique y justifique las exenciones a continuar en efecto el año académico 2010-11.La Propuesta debe establecer claramente los requisitos y criterios uniformes para otorgarlas y mantenerlas.
Se emitirá una nueva Política de Exenciones de Matrícula de la UPR con efecto al año académico 2010-11, que atemperará aquellas ya reconocidas por este cuerpo y reconocerá aquellas actualmente no reconocidas que obtengan su aprobación.
Estas disposiciones no aplicarán a las exenciones concedidas por virtud de las leyes de PR o de los E.U.

Efectivo a la fecha en que se emite esta Certificación (24 febrero 2010), queda sin efecto cualquier otra certificación, norma, procedimiento, circular o disposición que esté en contravención con lo aquí dispuesto.