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Capítulo de Ciencias Médicas exige la renuncia del Rector Dr. Segundo Rodríguez Quilichini

Updated: Apr 17

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, capítulo del Recinto de Ciencias Médicas (APPU-RCM), censura y rechaza las acciones del Dr. Segundo Rodríguez Quilichini con relación a la compra de las muy necesarias pruebas del COVID-19, que han resultado en la escandalosa situación que está actualmente bajo investigación e intensamente reseñado por la prensa del país. Nosotros, al igual que la prensa, tenemos interrogantes sobre sus decisiones y acciones.

El Sr. Eduardo “Tito” Laureano, quien fuera ayudante especial del gobernador Pedro Rosselló en Asuntos Municipales, y está actualmente involucrado en la compra de pruebas para el COVID-19 de manera cuestionable, ha estado contratado por el Dr. Rodríguez Quilichini desde el 25 de agosto de 2017 como su asesor de confianza. No tenemos conocimiento del rol que desempeña el Sr. Eduardo “Tito” Laureano en el RCM y mucho menos hemos recibido algún informe que evidencie el cumplimiento con las funciones para las cuales ha sido contratado. La mención del Dr. Rodríguez y el Sr. Laureano en un esquema confuso para la compra de las pruebas para diagnosticar COVID-19 con fondos públicos, levanta una serie de cuestionamientos que afectan la seriedad del Recinto de Ciencias Médicas. Más aún, dificulta la credibilidad del País en los objetivos del Task Force en unos momentos donde la vida y la muerte están en juego. Rechazamos las expresiones del Dr. Rodríguez Quilichini en las cuales solicita que “se pase la página”, cataloga este evento como “chisme” y menosprecia la labor de la prensa.

La conducta, ahora pública, del Dr. Rodríguez Quilichini, es consistente con la que ha exhibido en el Recinto de Ciencias Médicas desde que fue nombrado Rector Interino poco después de que Ricardo Rosselló asumiera la gobernación. Su ejecutoria como Rector se ha caracterizado por destituir gerentes académicos respetados y apoyados en sus funciones por sus pares. Ha destituido, además, a empleados administrativos de carrera, con conocimiento y méritos, para nombrar a políticos sin experiencia en la administración de ambientes de salud, algunos con muy limitada trayectoria académica.

Desgraciadamente más de una vez le hemos visto utilizar su posición dentro de la institución para proteger y justificar a sus “personas de confianza”, a los que ha traido de funciones y ambientes claramentes relacionados a la politica partidista.

El nombramiento del Dr. Rodríguez como portavoz del “Task Force Médico” se debe a su posición como Rector de nuestro Recinto. Su afiliación con nuestro Recinto es constantemente evidente por el uso de su bata blanca con el logo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Entendemos que la figura del Dr. Rodríguez Quilichini empaña la loable tarea que están llevando a cabo la mayoría de nuestros compañeros de claustro, miembros del Task Force de Salud, para detener el ataque del COVID-19 en nuestro país. Este incidente pudo haber influido en la decisión de renuncia al cuerpo de uno de sus miembros, y tememos que puedan surgir otras, para evitar ser vinculados a actos de corrupción que puedan desprestigiar sus carreras académicas.

Hoy sale a la luz que no había suplidor, que Australia nunca recibió comunicación desde Puerto Rico, que las deponentes en la Cámara de Representantes señalan a dos participantes, Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Luis Salgado negociando la compra, que nadie se ocupó de verificar la procedencia ni la calidad de las pruebas a ser compradas.


En medio de una pandemia que amenaza la salud y la vida de la población necesitamos líderes que antepongan el bienestar del pueblo sobre sus intereses personales y político partidistas. Las acciones del Rector han creado una seria crisis en el País. Por todo lo anterior, repudiamos contundentemente la conducta del Dr. Segundo Rodríguez Quilichini y le exigimos la renuncia como Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Exigimos que se cancelen los contratos de asesoría que se han otorgado a donantes políticos, en nuestro recinto, pagados con fondos públicos.

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